Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe
políticas agricolas

Políticas e institucionalidad

  • I&D agrícola
    3
    países (ARG, COL y URY) de 18 países de ALC gastan más del 50% del EASG en I&D
  • logística comercial
    Bajar
    el costo de transporte doméstico e internacional debe ser prioridad en la facilitación del comercio
  • SME
    Aumentar
    esfuerzos por implementar sistemas de monitoreo y evaluación (SME) de políticas agrícolas en ALC
  • Se observa en ALC (10 de 18 país analizado), la tendencia de aumentar los recursos públicos destinados a la provisión de servicios generales a los productores en forma colectiva (en vez de a productores individuales); servicios como la I&D (investigación y desarrollo), inspección fitosanitaria, la educación agrícola y la infraestructura tienen efectos multiplicadores más duraderos.

  • Los procesos de integración económica serán positivos y servirán de aliados de las políticas agrícolas internas, si estos mejoran los ingresos de todos los actores a lo largo de la cadena agrícola. Para ello reducir el costo de transporte doméstico e internacional debe ser una prioridad; se estima que reducir en 1 % los costos de transporte interno en Colombia aumentaría las exportaciones agrícolas y de manufactura en 8 %; reducir en 10 % del costo del flete aumentaría las exportaciones intrarregionales de Suramérica un 30-40%.

  • La agricultura no ha sido un sector pionero en el seguimiento y la evaluación de las políticas; sin embargo, en los últimos años los esfuerzos en esta materia se han incrementado notablemente en ALC con el objetivo de fortalecer los procesos de rendición de cuentas y mejorar la eficacia y eficiencia en el gasto público. México y Colombia son los países con mayor tradición en la evaluación de políticas públicas para la agricultura, mientras que Chile, Uruguay, Perú y Costa Rica avanzan rápidamente en su adopción, como parte del ciclo de políticas.

Resumen de: Políticas e institucionalidad

Los gobiernos buscan continuamente mayor eficacia y eficiencia del gasto público para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades del desarrollo sostenible de la agricultura y los territorios rurales. Además, buscan responder adecuadamente a los compromisos adquiridos en foros globales y a los cambios en el contexto económico y social internacional. Este capítulo analiza las innovaciones más recientes en la gestión de políticas públicas para la agricultura, haciendo referencia a los objetivos y las metas de la Agenda 2030.

Una innovación que se ha dado en el ámbito global es la evolución de las políticas hacia un enfoque de mercados, el cual les permite a los agricultores tomar mejores decisiones. Sin embargo, en los países de ALC esa tendencia no siempre se manifiesta. En general, aunque con diferencias entre sectores, las políticas de apoyo al productor favorecen las transferencias en función de precios y gestión de mercados (incluido el mercado de insumos), lo que las convierten en un desincentivo para la innovación y el mejoramiento de la productividad. En los países que realizan esfuerzos significativos para modificar el tipo de apoyo brindado a los productores, se destinan mayores cantidades de recursos públicos a la provisión de servicios generales a los productores en forma colectiva (como alternativa a realizar transferencias directas a los productores individuales), tales como la investigación y desarrollo (I&D), la inspección, el mercadeo y promoción, la educación agrícola, la infraestructura y el almacenamiento público, que generan impactos y efectos multiplicadores más duraderos.

A medida que se reducen los apoyos directos a los productores y se acentúan los efectos del cambio climático, durante los últimos años se ha venido impulsado de manera más activa políticas para la gestión integral de riesgos en la agricultura, aunque todavía incipientes en la pequeña agricultura. El principal obstáculo para la implementación de este tipo de políticas, y sus respectivos instrumentos, es asegurar que los mecanismos de transferencia de riesgos sean sostenibles y viables para los gobiernos (dados los limitados presupuestos públicos disponibles) y sean rentables para el sector privado, sin socavar el rol proactivo que deben asumir los agricultores para enfrentar su propio riesgo. El capítulo presenta avances en la adopción de instrumentos de gestión de riesgos, incluidos mecanismos de protección contra riesgos por variación de precios e ingresos y los adoptados por el Estado para proteger a los agricultores contra riesgos catastróficos o sistémicos.

Se presentan otras innovaciones relacionadas con políticas para promover una agricultura más intensiva y sustentable. Se contrastan medidas de apoyo directo a los productores con otras medidas más efectivas, como las siguientes: a) la promoción del acceso y el uso de semillas de calidad; b) el impulso de la mecanización agrícola, incentivando una mayor integración entre productores, fabricantes, distribuidores y proveedores de servicios de maquinaria; y c) una serie de iniciativas privadas y de políticas públicas para el manejo sostenible de los recursos naturales, dirigidas a establecer un mejor equilibrio entre programas obligatorios, condicionados y voluntarios, aunque se debe reconocer que en ALC existe una experiencia limitada en cuanto al principio de la condicionalidad ambiental, que debería adquirir más importancia en el futuro. Además, se documenta cómo los mercados están evolucionando hacia la regulación de procesos de producción para promover un uso más racional de los recursos naturales.

Un tema que está adquiriendo mucha fuerza en los países de ALC es la implementación de sistemas de monitoreo y evaluación de políticas (SME) para la agricultura, con el objetivo de incrementar la eficacia y la eficiencia de las políticas, fortalecer los procesos de rendición de cuentas y responder a la necesidad de monitorear el avance de compromisos internacionales adquiridos (por ejemplo, la Agenda 2030). El mayor reto para ALC es institucionalizar los procesos de evaluación de políticas para que formen parte integral del ciclo de la política para la agricultura.

Actualmente se están llevando a cabo negociaciones comerciales que están dando forma a una nueva agenda de comercio en las Américas, que busca establecer nuevas relaciones económicas intrarregionales y con Asia y Europa. La agenda de integración económica de ALC se focalizará principalmente en profundizar los lazos entre los miembros de la Alianza del Pacífico, entre esta y el Mercado Común del Sur (Mercosur) y entre México y el resto de ALC, debiéndose los dos últimos casos a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Por último, en este capítulo se analizan las acciones de los países de ALC para participar activamente en los acuerdos globales sobre cambio climático, destacándose la firma y la ratificación legislativa en los países del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, así como la inclusión de acciones o menciones del sector agropecuario en sus contribuciones previstas y determinadas, en su mayoría con un enfoque dirigido a la adaptación.

Para lograr avances en el cumplimiento de las metas asociadas a los ODS, se requerirá un conjunto de políticas de apoyo a los pequeños y medianos productores coherentes, multi-objetivo, efectivas, eficientes y gestionadas en varios niveles de intervención que generen las condiciones necesarias para que ellos respondan de manera apropiada y oportuna a las señales del mercado, tomen las mejores decisiones sobre qué, cuándo y cuánto producir, adopten tecnologías y generen innovaciones que les permitan competir de manera igualitaria con productores de regiones más avanzadas. También serán necesarias políticas de desarrollo del mercado interno que favorezcan la integración regional, y viceversa. En el futuro, los procesos de integración deben responder a las necesidades específicas de los productores agropecuarios en las áreas de infraestructura, transporte y servicios (por ejemplo, información comercial) y abordar la complejidad de las reglamentaciones.